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CCOO no comparte el modelo de Espacio Madrileño de Educación Superior que se define en el Proyecto de Ley de la Comunidad de Madrid
Borrador de anteproyecto de Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior
La nueva versión del Anteproyecto de Ley del Espacio Madrileño de Enseñanza Superior (LEMES) planteada por la Consejería de Educación el pasado 15 de septiembre, y que ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno como Proyecto de Ley el martes 7 de noviembre de 2017, supone una nueva oportunidad perdida de abordar de forma integral el ámbito de la enseñanza superior en la Comunidad de Madrid.
El documento no tiene carácter sistemático en su valoración, análisis y planteamiento de propuestas en relación al sistema universitario madrileño, reflejando una serie de apuestas de futuro de manera parcial y claramente dirigidas hacia los intereses de la propia Comunidad y que no dan respuesta a las necesidades reales de las universidades públicas madrileñas.
El pasado 15 de septiembre de 2017 el Director General de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores, José Manuel Torralba, presentó a CCOO una nueva versión del Anteproyecto de Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (LEMES) que sustituía a la propuesta presentada en marzo. Finalmente esta versión, aparentemente con algunas modificaciones, ha sido aprobada como Proyecto de Ley por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el martes 7 de noviembre.
CCOO ha puesto en marcha un proceso participativo de análisis y reflexión sobre esta propuesta, contando con el conjunto de la comunidad universitaria y con nuestra afiliación cuyos resultados se reflejan en el documento de valoración y aportaciones de CCOO al borrador del Anteproyecto de la Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior,que ha sidopresentado a la Comunidad de Madrid.
CCOO defiende la conveniencia de disponer de un marco autonómico de regulación de las universidades. Pero este marco debe abordar la realidad de las universidades en su conjunto y buscar soluciones globales, debidamente negociadas y consensuadas. Sin embargo, mientras que la práctica totalidad de las comunidades autónomas que han regulado esta cuestión se refieren a “universidades” o “sistema universitario”, la Comunidad de Madrid se referencia en el espacio de educación superior, incluyendo a centros superiores de enseñanzas artísticas, fundaciones hospitalarias, FP de grado superior, etc. De una manera un tanto indirecta, vincula a estas instituciones (con independencia de su naturaleza pública o privada) a la prestación del servicio público de educación superior, lo que puede tener importantes consecuencias, en línea con lo que ocurre en la enseñanza no universitaria madrileña en el marco de la educación superior. Nos referimos a la tentación de delegar en la gestión privada las obligaciones relativas a la Educación Superior.
Para CCOO el documento de la Consejería no tiene carácter sistemático en su valoración, análisis y planteamiento de propuestas en relación al sistema universitario madrileño, reflejando una serie de apuestas de futuro de manera parcial y claramente dirigidas hacia los propios intereses de la Comunidad de Madrid. CCOO considera que el Proyecto de Ley no afronta de manera integral ni la realidad ni las necesidades del futuro del sistema universitario madrileño, centrándose, sin embargo, en los ámbitos que, por distintas razones, interesan al gobierno autonómico y limitándose a plantear posibles desarrollos futuros de cuestiones tan esenciales como la financiación, el mapa de titulaciones, la acreditación del profesorado, etc.
En primer lugar, rechaza el modelo utilizado por la Consejería para recoger aportaciones. Frente a la afirmación de la Comunidad de Madrid de que la tramitación de la LEMES ha estado marcada en todo momento por la cooperación, el diálogo y el trabajo conjunto con la comunidad universitaria, lo cierto es que la Comunidad ha asumido unilateralmente el papel de generador del marco, receptor y gestor de las posibles aportaciones y de las posteriores conclusiones. CCOO considera imprescindible la negociación del contenido del Proyecto de Ley en una mesa de negociación con presencia de los agentes sociales y en la que se concrete de forma consensuada lo que sería un Proyecto de Ley del EMES a remitir a la Asamblea de Madrid. La Comunidad de Madrid no puede ignorar la opinión de los sindicatos mayoritarios del sector.
Enel documento la Comunidad asume que los recortes y pérdidas en recursos presupuestarios, materiales y humanos de las Universidades madrileñas sufridos en los últimos años son algo natural, inevitable y no reversible. CCOO defiende que se debe partir del reconocimiento de estos recortes con el objetivo de recuperar la situación previa al inicio de dichos recortes. CCOO considera que la Comunidad de Madrid debería realizar propuestas creíbles y serias para acabar con la precariedad en las plantillas y en los medios universitarios, debidos a las políticas de austeridad de la propia Comunidad.
El documento no presenta un compromiso real de financiación específica e independiente del sistema público universitario. Resulta evidente que se debe definir un marco general y estable de financiación. Además, es necesario contar con unos presupuestos que permitan abordar proyectos o líneas de actuación específicas, más allá de la financiación ordinaria de las universidades. Para todo esto es necesario una financiación realista y suficiente, y no un artificio que disfrace los niveles de financiación previos a los recortes. Se necesita un compromiso de financiación real y constatable.
Aunque aparentemente se pretende controlar la proliferación de universidades privadas (algunas con dudosos niveles de calidad), la realidad es que el modelo planteado podría tener el efecto contrario: facilitar aún más el aumento de las Universidades privadas.
Al diseñar las técnicas y herramientas con las que contribuir a la modernización del espacio de enseñanza superior, el documento plantea un criterio más incentivador que regulador. CCOO entiende que se debe regular un marco general común y no vincular la participación en las distintas iniciativas posibles a la puesta en marcha de toda una batería de incentivos. Estos incentivos, en principio “voluntarios”, finalmente adoptarán la fórmula de “requisito de obligado cumplimiento” al estar vinculados de forma directa a la financiación de las universidades y al reconocimiento profesional y retributivo del personal docente e investigador.
La modernización se plantea fundamentalmente como una modernización en el ámbito del sistema científico madrileño, olvidando en gran medida todo lo que no es investigación pero sí actividad universitaria.
Se mantiene la pretensión de la Comunidad de Madrid de “dirigir y diseñar según su criterio” el mapa madrileño de titulaciones. La coordinación y racionalización del mapa autonómico de titulaciones debe ser el resultado del consenso, no de la imposición de criterios en muchos casos de sesgo puramente económico.
Y en cuanto a cuestiones como compromisos reales de financiación, estabilización y promoción de las plantillas de personal docente y de administración y servicios, lucha contra la precariedad, precios públicos y programas de becas, fomento de la docencia innovadora y de calidad, el Anteproyecto de Ley o no lo contempla o se limita a una simple declaración de buenas intenciones.
CCOO considera que el Anteproyecto de Ley presenta una imagen del espacio madrileño de educación superior irreal. Contiene medidas parciales, inconexas y que no responden a las necesidades reales del sistema, sino a los intereses de la administración, más centrada en el desarrollo de cuestiones muy concretas (investigación de excelencia, financiación variable, mayor control administrativo, reducción del principio de autonomía universitaria, etc.). De esta forma se dibuja un modelo orientado a buscar un mejor posicionamiento en los “rankings internacionales” olvidando las demandas y necesidades reales de la educación superior en Madrid. La excelencia que pretende alcanzar la Comunidad de Madrid con este Proyecto de Ley debe ser la del conjunto de la actividad universitaria, y no la vinculada a potenciar aspectos muy concretos de la misma como es la investigación de excelencia, necesaria pero no suficiente.El prestigio de una institución no se mide sólo por los “excelentes”, sino por la calidad de conjunto de la actividad universitaria.
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